El viejo edificio del diario La Prensa confiscado por Perón en 1951
Después de 63 años,
nada parece haber
cambiado...
Por Roberto C. Neira). ¿Qué hace que un gobierno en una democracia dedique todos sus esfuerzos a imponer como política de estado el avance sobre los medios de comunicación pretendiendo controlar la crítica y avasallando las libertades?. ¿Qué razón lleva a que en una democracia un gobierno busque todos los métodos para confrontar e intimidar a la prensa opositora? ¿Por qué en democracia gobernantes y funcionarios se irritan ante la información y la crítica?. ¿Cómo pueden aparecer signos evidentes de intolerancia en una democracia cuando se presentan denuncias de hechos de corrupción? ¿Cuál es la razón para que en una democracia quienes gobiernan no puedan soportar que se hable de pobreza, inseguridad y menos de inflación y de negocios de familiares y amigos de los gobernantes?.
En dieciséis de los últimos veinte años (Eduardo Duhalde fue presidente provisional dos años y la Alianza con de la Rua gobernó otros dos años), los gobiernos peronistas de Cristina Fernández, Néstor Kirchner y Carlos Menem, se caracterizaron por aprovechar intencionalmente ciertas debilidades que presenta el sistema democrático (debido a ello después de 26 años la democracia argentina todavía no está consolidada). Estos gobiernos ejercieron distinto tipo de argucias que infringieron reglas legales y transgredieron normas al solo efecto de consolidar su poder a expensas de las garantías jurídicas que fija nuestra Constitución Nacional.
Estas actitudes de rasgos totalitarios tienen antecedentes históricos muy precisos en el seno del propio Partido Justicialista y del peronismo que surgió con el advenimiento al poder del general Juan Domingo Perón, uno de los grandes transgresores y violadores de los derechos constitucionales de los argentinos, participante de los golpes de estado de 1930 y 1943 y ferviente admirador de las fórmulas políticas y sociales que consolidaron al fascismo en Italia y a su líder, Benito Mussolini.
Si nos remontamos al análisis de la historia de nuestro país en los últimos sesenta años vamos a encontrar coincidencias asombrosas con este estilo de hacer política, gobernando en los límites de lo legal y lo ilegal con el objetivo de dominar a sectores de la comunidad críticos y opositores por medio de la coacción y la extorsión y en muchos casos utilizando metodologías de miedo y violencia que llevaron a la tortura y al crimen.
LA REPRESIÓN CONTRA EL PERIODISMO
Apenas se instaló en el poder el régimen militar surgido del golpe de estado del 4 de junio de 1943, comenzó una represión informativa que luego habría de prolongarse con el continuismo del gobierno constitucional -no menos autoritario- elegido tres años más tarde. Las inocultables simpatías por el nazismo -que profesaba la mayoría de los militares golpistas del ´43 -iban a evidenciarse rápidamente; a la semana de la sublevación, fue secuestrada una edición del diario Crítica por comentarios desfavorables hacia el Eje; cinco días después sería clausurado por 24 horas el matutino Los Andes, de Mendoza, por cuestionar la designación de un sacerdote en el Consejo de Educación; al mes siguiente, la oficina de prensa de la Presidencia de la Nación informaba que "no se pueden publicar noticias que afecten la dignidad de Benito Mussolini".
Por desobedecer a las autoridades y permitirse una opinión distinta a la de aquel régimen militar, sería suspendida por un día la aparición de La Gaceta de Tucumán, y con diferencia de horas se les prohibió a todos los diarios de Entre Ríos y Mendoza suministrar información sobre actividades partidarias. En Rosario fueron castigados Tribuna y Crónica, y en Santa Fe, El Litoral, por observar la designación de Jordán Bruno Genta como interventor en la Universidad y criticar su antisemitismo. Una clausura momentánea impidió aparecer al diario La Provincia de Salta, y con una suspensión se cerró por cinco días al semanario socialista La Vanguardia, ambas publicaciones habían objetado el uso de las radios para propaganda exclusivamente oficialista. La forma que se encontró para eliminar los diarios escritos en hebreo fue la "Cancelación de concesiones sobre franquicias postales para todas las publicaciones que no se editen en idioma nacional".
Pero tras el triunfo electoral, en 1946, del candidato oficialista del régimen militar, el coronel Juan D. Perón, aquel aparato represivo, lejos de desaparecer, perfeccionó su maquinaria: se expropiaron muchísimos medios y fue creada la famosa "cadena de diarios y radios", a la que también se incorporarían todas las revistas del grupo editorial Haynes. Los únicos diarios independientes de Buenos Aires, La Nación y Clarín, debieron poner sus barbas en remojo después de lo ocurrido con La Prensa, cuya confiscación demostraba hasta qué punto estaba dispuesto ese gobierno a reprimir la libertad de expresión.
Clausurada definitivamente "La Vanguardia" -según la disposición municipal que cerró sus talleres, "por ruidos molestos" .proliferaron las hojitas sueltas, editadas en la clandestinidad por los hombres de la oposición. Fue ese periodismo militante el que mantuvo encendida la llama de la libertad de prensa, como un símbolo de combatividad, durante todos esos años de coacción. (1)
LOS COMIENZOS DEL PERONISMO
Desde sus inicios en 1946 y durante cuatro años el régimen elaborado por Juan Domingo Perón mostraba una impresionante solidez. Faltaban más de dos años para que terminara su período presidencial (antes de la reforma constitucional de 1994 era de seis años), pero nadie podía suponer que no sería elegido para un nuevo mandato por otros seis años; es decir, que tenía por delante un tiempo que se prolongaba hasta mediados de 1958, por lo menos... Las realizaciones de su gobierno eran importantes y marcaban una tendencia enérgicamente identificada. El apoyo popular no parecía haberse restringido. Y por sobre todo, un aparato de propaganda y coacción sostenía la estructura gubernativa, difundía sus triunfos, disimulaba sus fracasos, marcaba e intimidaba a la oposición y servía como una barrera de contención a cualquier circunstancia política imprevista.
Sin embargo, el aparato coercitivo montado por el peronismo fue uno de los elementos que justificaron la mayor cantidad de críticas hacia los actos de gobierno. El manejo absoluto de Raúl Apold (2) sobre el cine, la radio, el teatro y la televisión, la expropiación y clausura de la prensa opositora, la implantación del "estado de guerra interno" en 1951, la vigencia de una caprichosa ley electoral que convertía a Buenos Aires en una ciudad dividida en inexplicables circunscripciones, hicieron que las lógicas divergencias entre los adictos al régimen y los opositores se fueran convirtiendo en un abismo insalvable de odios profundos, que partió en dos el sentir de la comunidad.
El gobierno de Perón (1946-1955) fue implementando, en sus tres primeros años, un imperio periodístico y radial que incluía, virtualmente, a los principales órganos de todo el país.
Los diarios que no formaron parte de las diversas "cadenas" fueron muy pocos, entre ellos Clarín, fundado en 1945 por Roberto J. Noble, La Nación, el tradicional periódico de Mitre, y La Prensa. Estos tres diarios porteños, cada uno dentro de su modalidad periodística, trataron de sobrevivir a una presión que el gobierno ejercía, no solamente a través de la secretaría de Difusión, sino mediante la cuotificación del papel necesario para sus ediciones.
La Prensa, sin embargo, no sólo trató de sobrevivir: mantuvo su tradición de independencia y una posición netamente antiperonista, que fue haciendo cada vez más difícil su existencia. Desde la radio y la prensa oficialistas se la atacaba; se alentaba al público a no comprarla, y a los anunciantes a no publicar avisos en sus páginas.
Caricatura de Raúl ApoldUna expresión típica de estos ataques es el siguiente comunicado difundido por la Subsecretaría de Informaciones a través de todas las radios del país:
"El diario La Prensa, colonialista en sus aspiraciones y antiargentino en su inspiración, resume su doctrina en pocas palabras: defensa del privilegio a todo trance, negación de los derechos legítimos del pueblo, política enderezada hacia la entrega del patrimonio argentino a intereses extraños."
LOS ATAQUES AL DIARIO "LA PRENSA"
Ya desde 1947 las hostilidades contra La Prensa consistían en este tipo de comentarios. Pronto se agregarían medidas más efectivas, como la confiscación del papel "sobrante", que fue prorrateado entre otras empresas periodísticas, tornando precaria la reserva de la vital materia prima del diario. En 1950, la comisión bicameral dirigida por los diputados Emilio Visca y Rodolfo Decker, y designada por el Congreso para investigar denuncias sobre torturas -pero que, en los hechos, se dedicó a clausurar diarios opositores- intervino la administración de La Prensa. No logró establecer ningún cargo importante respecto del manejo contable del diario, pero en cambio denunció que se estaba instalando en sus talleres una nueva rotativa, cuya importación era financiada, en parte, mediante un crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires, hecho que le habría costado la renuncia del presidente de la entidad, Arturo Jauretche. La importación de la rotativa se convirtió en motivo para eliminar a La Prensa del Registro Nacional de Importadores, resolución de aplicación retroactiva que impidió que la máquina se instalara. Más tarde la rotativa pasó a poder de ALEA, la organización estatal que imprimía Democracia y otros diarios. Pero todavía faltaba el golpe final.
A fines de enero de 1951, el Sindicato de Vendedores de Diarios dirigió a La Prensa una nota intimidándola a cumplir determinadas exigencias a partir de ese mismo día; de no acceder a ello, ningún canillita vendería el diario. La respuesta de la dirección fue negativa. Desde esa noche, el taller del diario quedó cercado por grupos armados, que no permitieron el acceso del personal. La edición del 26 de enero, que ya estaba impresa, no fue distribuida: fue la última de La Prensa tradicional, hasta después de la caída de Perón. La situación se prolongó durante un mes, pese a los reclamos de los editores y el personal, que señalaban la inexistencia de conflictos con la empresa.
El 26 de febrero una asamblea del personal tomó la decisión de reingresar a las instalaciones y continuar las tareas: de esa resolución se mandaron comunicaciones a todos los medios de difusión, a la jefatura de policía y al propio presidente de la Nación. Pero cuando algunos grupos de trabajadores se encaminaban, al día siguiente, al taller, un tiroteo provocado por los piquetes del Sindicato de Vendedores de Diarios terminó con la vida del obrero Roberto Nuñez. Su velatorio se hizo en el hall de La Prensa y el cortejo fúnebre tuvo dificultades para llegar a la necrópolis a la hora prevista, pues la policía cortó el paso de la caravana.
A todo esto, la CGT había pedido al poder ejecutivo la clausura de La Prensa. Sin embargo, esta iniciativa sufrió un cambio pocas semanas después del asesinato de Nuñez: el diputado Eduardo Colom propuso la expropiación del periódico fundado por José C. Paz. En una rápida sesión, las dos cámaras aprobaron la iniciativa y en marzo de 1951 la CGT tomaba posesión del diario. Su director, Alberto Gainza Paz, había escapado a Uruguay, de donde partió hacia los Estados Unidos. Recibido por los medios periodísticos norteamericanos como un símbolo de la libertad de prensa, desde allí activó una enérgica campaña contra Perón. En cuanto al diario, volvió a aparecer con sus mismas características gráficas pero, naturalmente, con una tendencia totalmente opuesta a lo que lo definía y que había mantenido hasta su virtual clausura.
El ataque y la posterior expropiación de La Prensa, constituyen un enigma inexplicable en relación con la racionalidad política del gobierno peronista. Era, es cierto, un elemento opositor indoblegable, a veces exagerado y prejuicioso en sus críticas, pero su público era limitado y su tirada muy reducida, como consecuencia de las restricciones impuestas. Por consiguiente, el efecto político de su prédica era muy relativo. En cambio, las medidas de fuerza adoptadas contra La Prensa y su destino final -una burda caricatura del gran diario que había sido- cuasaron un enorme impacto en la opinión pública de Europa y Estados Unidos. El prestigio del diario de los Paz era casi mitológico, y sus conexiones comerciales y periodísticas seguían siendo importantes en el mundo occidental. Así, el costo político de la maniobra fue desproporcionadamente grande en relación con sus ventajas, y aunque la expropiación sancionada por el Congreso había sido inobjetablemente legal, nadie con alguna independencia de criterio pudo ver la ordalía a la que se sometió al viejo diario sino como una abusiva "vuelta de tuerca" del régimen gobernante. Y una campanada de advertencia para los pocos periódicos independientes que subsistían en el país.
Después de los hechos que provocaron la imposibilidad de editar La Prensa, la CGT pidió al Congreso que se expropiara el tradicional diario. Reproducimos algunos párrafos alusivos del discurso del diputado John William Cooke.(3)
"Podrá el diario en cuestión estar perfectamente a salvo en el aspecto legal; podrá haber cuidado las formas en todas sus actividades pero como diputado revolucionario y como hombre que tiene la costumbre de decir las cosas tal como las siente, afirmo que el diario La Prensa tiene contraída con el pueblo de la República la deuda de sus grandes pecados. Para nosotros, La Prensa es un diario merecedor de serias acusaciones; no -como dijo el diputado Santander, traduciendo la opinión de su partido- por disparidad de opiniones con referencia a determinados aspectos de la realidad nacional e internacional. Ni tampoco por agravios como los que ha inferido al propio Partido Radical -algunos citados por el diputado Colom- como, por ejemplo, el relativo a la revolución del señor Cattaneo, cuando describió en tonos sombríos cómo elementos "anarquistas y personalistas intentaron perturbar el orden". Si sólo tuviésemos agravios de ese tipo, no nos alegraríamos en este momento de asestarle un golpe a través de esta Cámara.
"Nosotros estamos contra La Prensa por razones mucho más serias, mucho más fundamentales. Estamos contra La Prensa porque creemos que diarios de esa clase son los que han minado la base de la nacionalidad, creemos que La Prensa es uno de esos obstáculos, como hay muchos otros en el continente, que han impedido o demorado todas las posibilidades de reivindicaciones proletarias en Latinoamérica. Nosotros lo decimos por encima de las contingencias de la comisión investigadora. Lo decimos como hombres políticos que expresamos opiniones personales. Nosotros estamos con los obreros, y estamos contra La Prensa, porque La Prensa siempre estará, como lo ha estado hasta ahora, contra los obreros y contra nosotros.
Este es el planteo revolucionario con respecto a este problema de La Prensa. Nosotros con los nuestros, La Prensa con lossuyos y con sus aliados de dentro y fuera del país, y con todos aquellos que, sin estar complicados en las maquinaciones de los diarios capitalistas, creen que están defendiendo los intereses de la prensa libre y de la libertad de opinión". (4)
EL "CASO BRAVO"
Cinco meses después del indulto concedido al Dr. Ricardo Balbín que había sido procesado por desacato al presidente de la Nación y estuvo preso desde marzo de 1950 hasta enero de 1951, dos meses después de la expropiación de La Prensa, un resonante episodio dejó al desnudo los métodos represivos del régimen peronista.
El 17 de mayo de 1951, una comisión policial detuvo al estudiante Ernesto Mario Bravo, militante comunista. Aunque la madre de Bravo presentó un recurso de habeas corpus ante el juez de instrucción Conrado Saadi Massué, nada se supo durante varias semanas sobre la suerte del joven. En todas las universidades cundió la ansiedad; se realizaron actos en diversas facultades de Buenos Aires, y finalmente la Federación Universitaria declaró una huelga reclamando la aparición de Bravo. El rector Julio V. Otaola declaró que el movimiento "tiene un carácter netamente político y comunista", y aseguró que era una maniobra planeada desde dos meses atrás. La Subsecretaría de Informaciones previno: el alumno que faltara a clases perdería su año de estudios, y los afectados no serían reincorporados. No obstante, la huelga fue casi total.
El 13 de junio la policía anunció que Bravo estaba detenido en una comisaría: una comisión policial había visto a un grupo sospechoso e intentó detenerlo; del grupo habían partido varios disparos y, finalmente, se detuvo a uno de sus integrantes. Era el estudiante...
Nadie creyó la versión policial, pero al menos Bravo estaba con vida: la policía exhibió varias fotos del joven. Al levantársele la incomunicación, sus abogados afirmaron que había sido torturado bárbaramente y luego remitido a un lugar en los alrededores de la ciudad para su recuperación. Recién después de que estuvo en condiciones de ser exhibido, se lo había llevado a la comisaría donde se lo fotografió.
La versión policial se derrumbó el 19 de junio. La Nación publicó la presentación que había formulado un médico, el doctor Alberto Caride, ante el juzgado de instrucción que entendía en el caso. Este relataba que días atrás había sido llamado para atender a un detenido que se encontraba en grave estado, en la Sección Especial de la Policía, a uno de cuyos jefes conocía circunstancialmente. Allí reconoció a Bravo, que había sido sometido a descargas eléctricas y golpeado; estaba casi en coma. Luego de indicar el tratamiento, Caride volvió a atenderlo al otro día; Bravo no había mejorado su estado. Finalmente, los jefes de la Sección Especial le dijeron que habían enviado a la víctima a una quinta para acelerar su convalescencia; insinuaron que, si no mejoraba, fabricarían un "accidente" para hacerlo desaparecer. Después de entregar su declaración, el doctor pasó al Uruguay, donde permaneció hasta después del derrocamiento de Perón.
La hipocresía con que el gobierno manejó el caso y la evidencia de las torturas, lastimaron profundamente la sensibilidad de muchos sectores de la clase media, y endurecieron la posición del estudiantado contra el gobierno. Pero si éste era un caso extremo e innegable de represión ilegal, había otras tantas formas del aparato coercitivo que se basaban en fundamentos netamente legales.
ELECCIONES, FRAUDE Y PROPAGANDA
El "estado de guerra interno" que ponía a disposición del Poder Ejecutivo a cualquier habitante, sin necesidad de orden judicial, y que fue establecido por el Congreso inmediatamente después del frustrado levantamiento del general Menéndez (septiembre de 1951), permitió al gobierno peronista detener de 1951 en adelante, a centenares de dirigentes políticos, sindicales, empresarios y estudiantes, en virtud de una simple orden del Ministerio del Interior. Encerrados en diversas cárceles, su libertad dependía de una arbitraria decisión oficial que podía tardar semanas, meses o años.
También el nuevo sistema electoral formaba parte legal de la máquina de la coacción, porque su aplicación constituyó un injustificable fraude. Consistía en un régimen de elecciones legislativas por circunscripciones, aparentemente similar al que el presidente Roca había ensayado en 1904. Pero las circunscripciones fueron dibujadas de modo tal, que las zonas donde había predominio opositor eran compensadas por aquellas donde existían abrumadoras mayorías peronistas. De este modo, la Capital Federal presentaba un mapa electoral formado por extrañas serpientes que se deslizaban desde los barrios céntricos hasta el Riachuelo o Mataderos, desvirtuando el sentido representativo del sistema, que fue aplicado por primera vez en las elecciones legislativas de 1951. Obviamente, el resultado fue consecuente con el esfuerzo desplegado por el gobierno para neutralizar a la oposición: los 850.000 votos peronistas brindaron al oficialismo catorce diputados, mientras que los 650.000 sufragios radicales sólo lograron un diputado...
En otro orden de cosas, los métodos de propaganda del régimen se habían perfeccionado. Si bien no disminuyeron los carteles de "Perón cumple, Evita dignifica" que ornamentaban todas las obras públicas, se echaba mano, además, a recursos escasamente convencionales. Así, se montaron programas radiofónicos como "Estrellas a mediodía" que, los domingos a las12:30, reunía a los artistas de mayor audiencia, incluyendo mensajes políticos leídos por algunos de los más populares. Desde octubre de 1951 -vísperas de las elecciones presidenciales- todos los días a las 20:30, por la red de emisoras oficiales, Enrique Santos Discépolo leía los famosos monólogos de "Mordisquito" que, en tono popular y convincente, hacía la apología del régimen y ridiculizaba a la oposición, a "los contras", a quienes describía como personajes negativos, retorcidos, ajenos a la felicidad que vivía el pueblo... Nadie, desde luego, podía contestar a "Mordisquito".
Pero nada de esto molestaba al pueblo peronista. Ellos vivían su fiesta sin advertir que los dineros del estado se habían ido gastando inexorablemente y sólo se reponía papel moneda mediante indiscriminadas emisiones sin respaldo del tesoro. De ese modo aparecieron los primeros picos de inflación y productos indispensables comenzaban a escasear en los hogares. El Plan Marshall instituído por los Estados Unidos para socorrer a los países europeos afectados por la guerra provocaron la caída de las exportaciones. Mientras que los errores políticos en cuanto a la supresión de las libertades individuales y la persecución de los opositores sólo desesperaban a los sectores opositores y a la opinión independiente. No se advertían salidas legales para contrarrestar la acción del régimen y entonces se comenzó a soñar con el derrocamiento violento del gobierno o con el asesinato de Perón. Esto último fue, por ejemplo, el objetivo de la conspiración que, a principios de 1952, urdió el coronel retirado José Francisco Suárez.
En febrero, los autores del complot fueron detenidos, aunque nada se dijo en la prensa.
Según el historiador Robert A. Potash, la reacción oficial frente a esta conspiración (alocada aventura de un pequeño grupo de rabiosos antiperonistas sin conexión con el Ejército) fue la difusión de una directiva de la Presidencia de la Nación. Según el documento, si se producía un atentado contra Perón, se debía ejecutar a no menos de 322 dirigentes opositores, atentar contra unas cincuenta empresas extranjeras y treinta argentinas, y destruir los locales de los partidos políticos de la oposición.
Aunque esta irresponsable orden no trascendió, crecía, a partir de 1951, la sensación de que el enfrentamiento entre argentinos estaba entrando en un callejón sin salida. Seguramente esta evidencia fue la que indujo a dos iniciativas conciliatorias surgidas desde diferentes alas del espectro opositor. Ambas fueron promovidas por dirigentes conocidos y respetados, uno socialista, el otro conservador. Aparentemente Perón las recibió con agrado, pero finalmente ambas fracasaron porque las propuestas vinieran del oficialismo o de sectores de la oposición ninguno de los frentes manifestaba la menor confianza en su adversario.
Una división profunda y cada vez más insalvable partió en dos a la comunidad argentina. Y así, el enfrentamiento continuó sin mayores variantes hasta la caída de Perón en septiembre de 1955.
(1) "La represión contra el periodismo", artículo de Hugo Gambini. Periodista y editor, fue secretario de redacción de La Vanguardia en1957, y de Primera Plana en 1963-69. Director de la revista Redacción, es autor de "El primer gobierno de Perón" y el "Che Guevara", entre otros títulos.
Comentario del editor: no debemos olvidar que el golpe de 1943 fue orquestado por un grupo de militares (G.O.U.) entre los cuales era figura principal Juan D. Perón. La represión contra el periodismo que denuncia Hugo Gambini en su artículo contaba con el beneplácito del militar que comenzó a forjar su futuro desde el Ministerio de Trabajo y Previsión.
(2) Raúl Apold, ex jefe de publicidad de Argentina Sono Film, asumió como subsecretario de Informaciones de la Presidencia desde 1947. Sacó un decreto histórico, prohibiendo las películas rusas y a la distribuidora Artkino desde 1947 hasta 1951. Claramente Apold trasladó su experiencia cinematográfica al escenario político". La "peronización" de la imagen, su "carácter religioso y litúrgico", con abundancia de rituales colectivos inclusivos (fundamentalmente, los recurrentes actos multitudinarios del 1º de Mayo y del 17 de octubre, en Plaza de Mayo) y el desfile incesante de humildes por la Fundación Eva Perón, el persistente despliegue de "ideas-fuerza" a manera de consignas machacadas una y mil veces en la radio, la prensa partidaria (expandida por la captación, amedrentamiento y confiscación de medios independientes), la abundante propaganda callejera y los noticieros ultraoficialistas en los cines forjaron la imagen del partido-Estado hegemónico, ante el beneplácito de las clases más populares que, por primera vez, se sintieron reconocidas. Los progresivos deterioros institucionales; el culto creciente a los personalismos de Juan y Eva Perón; el silenciamiento y la persecución de la oposición y el acorralamiento del periodismo no peronista no fueron evaluados como problemas con funestas consecuencias hasta nuestros días, sino como meras veleidades de "la oligarquía" que, provocada con insistente resentimiento social, años después replicaría con mayor fuerza. Similitudes inconfundibles las tuvo Apold con el padre de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, responsable del Ministerio de Educación Popular y Propaganda, creado por Adolf Hitler a su llegada al poder en 1933. Goebbels había sido el director de la tarea comunicativa del Partido Nazi y el gran arquitecto del ascenso al poder. Una vez en el Gobierno y con las manos libres para monopolizar el aparato mediático estatal, Goebbels prohibió todas las publicaciones y medios de comunicación fuera de su control, y orquestó un sistema de consignas para ser transmitido mediante un poder centralizado del cine, la radio, el teatro, la literatura y la prensa Era también el encargado de promocionar o hacer públicos los avisos del gobierno. Usó mucho lo que hoy en día se conoce como el marketing social, ensalsando muchos sentimientos de orgullo, promoviendo muchos odios y en muchas ocasiones mintiendo y convenciendo de cosas muy alejadas de la realidad. Ante la necesidad de un fuerte respaldo económico Goebbles inauguró la ayuda de invierno de 1941, en ella se promovía la colaboración del pueblo y el descuento obligatorio del 10% de los sueldos. La ayuda de invierno fue un éxito y recaudó mucho. En esa temporada los chicos de las Juventudes Hitlerianas salían con huchas en mano a recaudar donaciones. Otra de las singularidades de este evento se observaba en algunos voluntarios como dibujantes rápidos hacían retratos por 2 marcos o más. También tuvo otra técnicas y métodos como el de hace esperar al público alemán por las noticias en tiempos de victoria para crear un fuerte suspenso y hacer que cuando recibieran las buenas nuevas la alegría sea más duradera.
(3) John William Cooke nació en La Plata, en una familia de intensa tradición política; su padre, Juan Isaac Cooke, era diputado por laUnión Cívica Radical, y sería Canciller durante el gobierno de Edelmiro Farrell. Cooke militó durante sus años universitarios, mientras estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, formando parte de la Unión Universitaria Intransigente. Se recibió de abogado en 1943. Fue electo diputado por el peronismo con tan sólo 25 años para el período 1946-1952. En el Congreso fue Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, de la Comisión Redactora del Código Aeronáutico y también de la Comisión de Protección de los Derechos Intelectuales. En el ámbito universitario fue profesor titular de Economía. Cooke consideraba que el peronismo debía transformarse en un movimiento revolucionario, con estrategias insurreccionales, para lograr la toma del poder. Además criticaba lo que él denominaba la burocracia sindical, que había crecido mucho entre 1946 y 1955, y propuso separarla del peronismo. A partir de su viaje a la Cuba de Fidel Castro y del Che Guevara en 1960, sostuvo la necesidad de profundizar el foquismo, estrategia político-militar que proponía convocar a las masas a una lucha armada contra las clases dominantes locales y el imperialismo, acción a la cual el pueblo se iría uniendo poco a poco a partir del ejemplo de unos pocos. De esta manera se conduciría a la nación a una revolución social
(4) Diario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sesión del 16 de marzo de 1951.
Otras fuentes consultadas: "Nuestro Siglo - Historia de la Argentina" (Hyspamerica Ediciones de Argentina S.A. y Editorial Sarmiento S.A.; Archivo General de la Nación; Hemeroteca de la Biblioteca Nacional; Instituto Histórico Nacional.
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