¿Se puede pensar en un proyecto de país tan acotado que da la sensación de estar siempre eligiendo o acompañando al menos malo? Como se ve no parece haber otras opciones.
Extraña ver como Eduardo Aliverti, uno de los pocos periodistas que leo con agrado porque no tiene pelos en la lengua, termina aceptando la posición de "los intelectuales" que sumaron su apoyo a los Kirchner, concentrándose en señalar los peligros que representaría para nuestro país que gobierne "el otro peronismo", cuya cabeza más visible, sin alusión personal, es la de Eduardo Duhalde que tiene a Carlos Reutemann como su delfín.
Presumo entonces que quizás no resultó suficiente haber sufrido en los últimos 32 años la desaparición de 30.000 argentinos, que la economía del país fuese diezmada, que las instituciones democráticas hayan sido pisoteadas y que la decadencia social y cultural continúa extendiéndose sobre nuestras cabezas arrastrándonos a un abismo del cual va a ser muy difícil salir.
Seguimos probando con más de lo mismo.
La intrincada y complicada vida de los criollos y, más tarde, la de los propios argentinos, no parece haber sufrido alteraciones desde 1810; siempre estuvieron enfrentados por ambiciones personales, por intereses, por guerras civiles y por odios. Jamás se pusieron de acuerdo para defender una causa común o para afrontar el progreso. Morenistas versus saavedristas, unitarios versus federales, mitristas contra alsinistas, urquicistas y rosistas, yrigoyenistas y alvearistas, peronistas y antiperonistas; celestes y colorados y, hoy, campo versus gobierno.
¿Es este uno de los proyectos de país que está en disputa?
El colmo es que esta misma democracia que supimos conseguir y que algunos vivillos supieron "democráticamente" transgredir con maniqueas decisiones (Alfonsín, Menem, Duhalde), en esta nueva etapa otorga ciertas adaptaciones especiales para uso personal de los interesados.
Hoy, el sistema político-institucional que rige a nuestra nación permite que una mayoría legal oficialista se convierta en un apéndice del ejecutivo con el fin de bendecir religiosamente cualquier situación de necesidad o urgencia que decreten quienes gobiernan.
Por eso, deducir quien tiene la verdad en este entuerto a través de conceptos filosóficos no me parece necesario, la verdad no puede admitir dudas ni discusiones ni tampoco presenta la complejidad que esgrime Aliverti, porque como bien decía Perón: "la única verdad es la realidad".
Y esa realidad nos demuestra que el actual gobierno no está preparado para afrontar la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos sino nada más que para un sector de la población, mayoritario o igualitario, que sirve a sus intereses y se comporta de acuerdo a las reglas que fija el viejo aparato político-sindical del peronismo y que conforman los gremios más importantes del país, suficientemente aceitados económicamente como para rendir pleitesía y jurar fidelidad al gobernante de turno.
Todo esto sucede al solo efecto de continuar manteniendo un modo de hacer política basado en el enfrentamiento y la disputa, que nos retrotrae a los últimos días de Perón (en su segunda presidencia) cuando el golpe de estado (1955), de alguna manera, lo ayudó a evitar su más grande fracaso personal y a la vez le otorgó el papel de víctima agrandando su figura hasta su regreso en 1972.
Argentina, después de 1951, estaba atrapada en un callejón sin salida, no sólo por la inflación y el desabastecimiento, sino también por la detención de opositores, las persecuciones políticas, las huelgas de ferroviarios y transportistas, los atentados, las cotidianas movilizaciones obreras y el agravamiento de la situación institucional por la pérdida de las libertades individuales (estado de sitio) y por el cierre y expropiación de varios medios de comunicación opositores al gobierno.
Cuando los países europeos, resurgidos de las cenizas a causa de la segunda guerra mundial, gracias a la inyección de dinero que los EE.UU. distribuyeron para contrarrestar el avance comunista en Europa, no continuaron comprando en la misma proporción que lo habían hecho en la década de los ´40, comenzó una crisis económica sin precedentes. Ya no estaban los tan promocionados lingotes de oro que atestaban los pasillos del Banco Central y la impresión de papel moneda sin respaldo provocó fuertes picos de inflación.
Continuando las comparaciones entre aquel gobierno peronista y este, hoy, si bien es cierto que a la lucha que sostienen los productores del campo se le han encaramado los viejos odios y rencores de pequeños grupos que con la sangre en el ojo todavía tienen la intención de saldar cuentas pendientes, Aliverti no debería forzarnos a recordar aquellas lamentables citas de Bernardo Neustadt y Luis Barrionuevo, cuando considera que: "es cierto que hay corrupción en este Gobierno. Eso va en contra de todos nuestros principios. Aquí no rige ni regirá el "roban pero hacen". Pero tampoco podemos ser tan ingenuos: cualquier otro ha robado y robaría más..."
¿No está implícito en esta frase la posibilidad de aceptar la corrupción a cambio de esa supuesta "tibieza nacional y popular" ofrecida por este gobierno a sectores postergados de los cuales se necesita una adhesión incondicional?
Veamos.
¿Qué es lo que hizo el gobierno cuando dispuso de la masa de dinero proveniente de las retenciones antes del conflicto surgido en marzo pasado?
Con el país creciendo a un 6 o 7% anual, mayor productividad en sectores de la industria y el comercio, aumento de las exportaciones, etc. (según las estadísticas oficiales del INDEC) en todos estos años, recién cuando las papas quemaban y el conflicto con el campo ardía por los cuatro costados, con las rutas cortadas y con principios de desabastecimiento que llegaron, principalmente, a la carne, los lácteos y los cereales, los argentinos comenzamos a enterarnos de la importancia que representaban para el gobierno esas millonarias sumas retenidas a los exportadores.
Recordemos que frente al tira y afloje de ese momento se firmó un acuerdo en la Cámara de Diputados para que el dinero proveniente de las retenciones tuviera un destino social. Comenzamos a escuchar entonces a la presidenta y al ex presidente hablar de "cuidar la mesa de los argentinos" para evitar que aumentase el costo de los alimentos y también hablaron de muchísimas cosas de las que antes nunca habían hablado. Claro que esto sucedió al cabo de tres años de inflación sostenida (2005-2008), con aumentos que alcanzaron en ese período a los sectores de la alimentación y sobre todo a productos de la canasta familiar que oscilaron entre un 150% y 250%.
En cuatro años de gobierno de Néstor Kirchner no hubo oficialmente una sola línea ni una sola palabra sobre esta cuestión a pesar que ya el gobierno contaba con una buena masa de esos impuestos retenidos a la actividad rural. Menos, por supuesto, se pudo comprobar que gracias a esos fondos se disminuyó la desocupación, la pobreza y el hambre o que se haya mejorado la salud y la seguridad, cosas que hace bastante tiempo vienen preocupando a la sociedad.
Otro ejemplo palpable del desapego del gobierno por mejorar la situación de algunos sectores de la sociedad que no le aportan demasiados votos cuando hay elecciones, son los jubilados que, por razones obvias, producto de la debilidad de sus reclamos, nunca son tomados en cuenta en los discursos reivindicatorios de los derechos sociales que tanto el ex presidente como la presidenta acostumbran a difundir desde cualquier tribuna que está a su alcance.
Un jubilado gana $ 665 (mínimo). Hay alrededor de 1.500.000 jubilados en esta situación. Con ese dinero, si no son propietarios, deben alquilar una vivienda, pagar los impuestos (teléfono, gas, luz), afrontar los gastos de su alimentación y una buena parte de los remedios, dado que PAMI solo ofrece descuentos en ciertos medicamentos y no sobre todo el vademecum. Se supone también que deberían poder comprar vestimenta y realizar algunas actividades que sirvan para mejorar su bienestar.
¿Que algún funcionario explique cómo puede vivir un jubilado percibiendo $ 665 por mes, si el alquiler de una vivienda alejada del centro de la ciudad no baja de $ 500... (si me he quedado corto, corríjanme por favor).
Otra consideración sobre el artículo de Aliverti tiene que ver con la mención a un acendrado grado de racismo “de gran parte de nuestra clase media (de toda la alta) y de los sectores de elevado poder adquisitivo que, según es larga tradición, enfrentan otra vez a un gobierno peronista...”
Por supuesto, no puedo hablar por lo que piensan los demás. Diré lo que yo pienso:
Es posible que una buena parte de nuestra sociedad tenga aspectos racistas y discriminatorios sobre otros argentinos que no han tenido la suerte de progresar o que no pertenecen al "status" de las clases altas, esta es una vieja y arraigada costumbre que surgió con los inmigrantes que comenzaron a llegar a nuestro país en la primeras décadas del siglo XX. Se agudizó esta situación concentrándose en los habitantes de las provincias que a partir de 1946 comenzaron a llegar a Buenos Aires a tentar su suerte. Sin embargo, esa discriminación, en la mayoría de los casos, no iba más allá del lenguaje común. Por supuesto, no estoy hablando de las características discriminatorias que en la actualidad se han profundizado con algunos hechos deleznables en perjuicio de bolivianos, paraguayos y peruanos, entre otras nacionalidades.
Desde mi punto de vista el verdadero racismo y discriminación es continuar "fabricando" pobreza, argumentando que se está haciendo lo contrario (un patrimonio de los gobiernos peronistas), y al solo efecto de obtener mayores adhesiones (votos) a cambio de la distribución de subsidios y dádivas con que el gobierno atiende a los sectores postergados.
Les prometen que siempre van a estar mejor con un gobierno justicialista porque una de sus más importantes banderas es la justicia social, algo que jamás podrán alcanzar por sus propios medios, pero que sirve para mantener la fe y la esperanza de millones de argentinos en este gobierno. La vieja táctica que también utilizó el menemismo, el “miedo a lo que vendrá”, todavía funciona, pues los beneficiarios del edén social aceptan condicionados por la necesidad de comer hoy aunque no saben si lo podrán hacer mañana...
La mejor manera de no discriminar a los pobres es que no haya pobres y que todos los argentinos (y extranjeros) que viven en nuestro país puedan tener las mismas posibilidades de estudiar, trabajar, formar un hogar y tener un futuro.
¿Está el gobierno empeñado en cumplir con estos objetivos a corto plazo? Permítanme tener el beneficio de la duda.
Aunque lo quieran pintar de otra manera, el conflicto del campo con el gobierno es un problema sectorial que atañe solo al campo y al gobierno. Y a nadie más.
Pedir al pueblo que apoye los objetivos y las marchas del campo no va a significar que las ganancias de hacendados, productores, chacareros y multinacionales sean distribuidas entre la comunidad y menos que se transformen en una reducción sustancial de los precios de los productos agrícolas ganaderos en las góndolas de los supermercados. Seguramente, una gran masa de ese dinero, traspondrá nuestras fronteras y nos hará pito catalán desde algún paraíso caribeño.
Que el gobierno convoque al pueblo para que apoye su posición a favor de las retenciones asegurando que está defendiendo sus intereses, no solo es una falacia, es también indignante.
También existen sectores minoritarios fogoneados por golpistas y ex-represores. Son los que piensan aquello de: "a río revuelto ganancia de pescadores" y se suman a las protestas de los ruralistas tratando de aumentar el malestar con el objetivo de generar un estado de confusión y abatimiento en la sociedad que -como expresa Aliverti- pueda erosionar la imagen de la Presidenta y como consecuencia abrir las puertas para un golpe (difícil) o para un recambio institucional (posible).
Uno de los temas que estos facciosos personajes promulgan tiene que ver con la permanencia de dirigentes montoneros en el gobierno en calidad de funcionarios o como participantes de organismos de DD.HH. Pero si la idea es buscar un culpable, este tiene nombre y apellido, Carlos Menem (1989-1999), quien apremiado por la derecha y por las derivaciones que pudieran provenir de sus decisiones en la izquierda, se disfrazó de Pilatos y dictó los indultos, razón por la cual estos individuos fueron beneficiados con la libertad. Sin embargo, no recuerdo que se lo haya criticado alguna vez a Menem por este dislate, es que le hizo tantos favores a las clases altas que estos, sin duda, empequeñecieron sus errores en materia de derechos humanos.
Que no haya habido de parte de la justicia argentina ni de los tribunales internacionales un intento de revertir esa situación para juzgar a los involucrados en actos de terrorismo, es harina de otro costal y demuestra las diferencias existentes entre un crimen de lesa humanidad, considerado imprescriptible, y un crimen común producto de un ataque con armas o con bombas.
Es posible que se justifique a aquel que “mata por ideales” considerándolo un rebelde revolucionario o un militante de una agrupación política. Otra extraña situación es que el autor de un atentado que provoca víctimas civiles o militares y daños, nunca es considerado como un criminal sino que se lo ha incluido en la categoría de preso político. Rarezas de la justicia que nunca terminan de explicarse.
Para concluir, considero que el problema institucional que se nos presenta a futuro tiene que ver con que los gobernantes deben extremar sus cuidados en las formas democráticas. Los discursos arbitrarios, irrazonables y arrogantes, el ocultamiento o distorsión de datos sobre la marcha de la economía, soslayar las pruebas de actos de corrupción, declarar la guerra a ciertos sectores de la prensa que no son afines, son algunas de las cosas que marcan una tendencia y que generan actitudes de disconformismo en la población.
El autoritarismo difícilmente conduzca a encarrilar un país en lo institucional porque siempre habrá un sector minoritario o mayoritario perjudicado, que estará dispuesto a dejar de lado cuestiones morales y métodos institucionales para prender la mecha del descontento en la población y actuar en consecuencia.
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