En Argentina, el caos es permanente.
En España, se liberan las rutas pese a quien pese.
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LOS TIEMPOS SE ACORTAN
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(Escribe Roberto C. Neira). Los errores del gobierno en las negociaciones con los ruralistas para lograr un acuerdo base que permita la continuidad del diálogo entre dos posiciones desencontradas y sin afectar los intereses y necesidades de la población, sobre todo en materia alimenticia, han sido múltiples y algunos realmente groseros.
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En realidad, como tantas otras veces, en diferentes casos de la gestión de Néstor Kirchner, se los ha profundizado. Está a la vista el magro resultado, para la gente de Gualeguaychú, de la disputa con el gobierno uruguayo sobre la instalación de la empresa Bosnia; o el caso Skanska, que provocó la renuncia de dos funcionarios que están siendo investigados junto a directivos de las empresas contratistas por sobreprecios; o la complicada situación con el dinero aparecido en el baño de la Ministra de Economía, Felisa Miceli, que provocó también su renuncia y más acá, en tiempos de Cristina Fernández, el affaire de la valija con 800.000 dólares que involucró además al gobierno de Venezuela y obligó a la participación, por razones legales, de los tribunales estadounidenses.
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Pues, en todos estos casos, igual que el tero, esa pequeña ave de nuestras pampas, el gobierno presenta un comportamiento similar: grita en un lugar para que los depredadores crean que allí están sus huevos, cuando estos en realidad se encuentran en otro sitio no muy distante del que supuestamente cuida; lo que la jerga popular hace referencia cuando personas simulan alterarse por un hecho, cuando en realidad lo que quieren es desviar la atención de su verdadero interés.
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Todo esto ha repercutido negativamente en ambas gestiones presidenciales, aunque no tanto como para que el ex presidente no pueda delegar el mandato en manos de su esposa, triunfadora en las elecciones nacionales de octubre pasado o para que esta pierda su credibilidad acosada por infinidad de problemas que el mismo gobierno se encarga de acrecentar o multiplicar por su torpe política de confrontación ligada a la histórica victimización que el peronismo ha hecho de su derrotero doctrinario.
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Esto no es más que el viejo enfrentamiento entre pobres y ricos o para decirlo en términos más académicos, la bendita "lucha de clases", de la que siempre sacan partido los poderosos, y en la que el gobierno, por supuesto, toma partido para defender a los débiles, los castrados, los inválidos, los esclavos de la tierra, como una suerte de estigma que la realidad desmorona sin mucho esfuerzo al advertirse que todo es exactamente lo contrario de lo que se dice o se declama oficialmente en la tribuna partidaria.
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Sin embargo, el mayor peligro que este gobierno debe afrontar no es la caída de su imagen sino el saldo de heridos y contusos que sobrevive a cada opinión de los funcionarios, a cada discurso de la primera dama o a cada hecho consumado, dejando una estela irremediable de rencores, que en muchos casos, habría que tomarlos en cuenta, porque como siempre pasa detrás de las reivindicaciones de cada sector también están los que "llevan agua para su propio molino" y están al acecho para tomar venganza a la primera oportunidad.
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Es indudable que esto sucede en un marco de peligrosa confrontación donde la pareja presidencial parece sentirse muy a gusto, desafiando a sectores minoritarios en los que hay elementos reaccionarios capaces de utilizar métodos violentos con el objetivo de sembrar caos y desórdenes que solo se pueden conjurar con represión.
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Algo así parece haber sucedido ayer en Paraná, cuando dos camiones cisterna que llevaban combustible fueron víctimas de un atentado provocando la rápida respuesta de los transportistas que han agravado aún más el incierto panorama que se vive en nuestro país con el conflicto del campo desde hace más de 90 días.
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Si hasta ahora el gobierno y los funcionarios responsables han demostrado una incapacidad manifiesta para sortear los problemas, ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar, pagar todos los costos políticos que sean necesarios y demostrar que el abastecimiento de la población, que en su mayoría es ajena a estas disputas sectoriales, está por encima de cualquier interés personal o político-partidario y sin más pérdidas de tiempo habilitar a la justicia para que obre en consecuencia con las medidas que fuesen necesarias, tal como lo indica nuestra Constitución Nacional en los artículos 14 y 14 bis:
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Art. 14: "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
Art. 14 bis: El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. a liberar las rutas del país y a defender mediante la intervención de las fuerzas de seguridad dispuestas a tal fin el derecho de la gente a trabajar y circular por nuestro territorio.
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Esto es lo que indica la ley y también la lógica, pero, ¿quién podría garantizar que esta vez la presidenta se decida a tomar el toro por las astas?
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¿Será este gobierno sensible a hacer cumplir a rajatabla los derechos de la comunidad o seguirá insistiendo con esa estrategia absurda, no exenta de cierto masoquismo, de tirar la pelota para adelante para ver de qué color la devuelven?
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